Legislación sanitaria y responsabilidad profesional

Índice

1. Resumen para repasar3
2. Puntos clave6
3. 1. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)7
4. 2. Formación continuada y desarrollo profesional9
5. 3. Formación de grado y doctorado11
6. 4. Especialidades de enfermería y comisiones nacionales13
7. 5. La residencia: contrato, jornada, supervisión y evaluación16
8. 6. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por enfermeras19
9. 7. El Estatuto Marco del personal estatutario21
10. 8. Responsabilidad profesional: penal, civil, patrimonial, disciplinaria y deontológica23
11. 9. Interrupción voluntaria del embarazo e investigación biomédica27
12. Todas las preguntas del tema (11)32
13. Preguntas que también podrían ser de este tema (5)36
14. Solucionario38
15. Fuentes39

Resumen para repasar

Puntos clave

1. La formación continuada es un derecho y un deber de los profesionales sanitarios (LOPS, art. 12.f) ^F1.
2. Función de la enfermera: dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería (LOPS, art. 7.2.a) ^F1.
3. Especialidades de enfermería: primera regulación en el RD 992/1987; hoy, las 7 del RD 450/2005 ^F5,F4.
4. El programa formativo lo elabora la Comisión Nacional de la Especialidad; sus vocales residentes tienen mandato de 2 años ^F1.
5. Residencia: contrato anual renovable sin periodo de prueba, máximo 7 guardias al mes y R1 supervisado de presencia física ^F3,F2.
6. Grado de Enfermería: 240 ECTS según la Orden CIN/2134/2008 ^F6.
7. Doctorado: pueden acceder quienes tengan otro título de Doctor ^F7.
8. La enfermera indica, usa y autoriza la dispensación con orden de dispensación: autónoma sin receta, por protocolo con receta ^F11,F10.
9. Homicidio por imprudencia profesional: prisión e inhabilitación especial de 3 a 6 años ^F13.
10. IVE a petición: 14 semanas; causas médicas: 22 semanas ^F16.
11. Ley de Investigación biomédica: datos de trazabilidad de células y tejidos, al menos 30 años ^F18.

1. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación, al desarrollo profesional y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones; se aplica tanto en los servicios sanitarios públicos como en la sanidad privada (art. 1) ^F1.

Son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación se dirige específica y fundamentalmente a la atención de salud y que están organizadas en colegios profesionales (art. 2.1). Se agrupan en nivel Licenciado (Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria y sus especialistas) y nivel Diplomado (Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia y Nutrición Humana y Dietética, y sus especialistas) (art. 2.2) ^F1. Aparte están los profesionales del área sanitaria de formación profesional: de grado superior (técnicos superiores en anatomía patológica, dietética, documentación sanitaria, imagen para el diagnóstico, laboratorio, radioterapia, etc.) y de grado medio (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y en Farmacia) (art. 3) ^F1.

Principios generales del ejercicio (art. 4) ^F1. Se reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, que requiere el título oficial que habilite para ello. Los profesionales desarrollan funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias (art. 4.3). Su guía es el servicio a la sociedad, el interés y la salud del ciudadano, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas y los criterios de normo-praxis (art. 4.5). Realizarán a lo largo de su vida profesional una formación continuada y acreditarán regularmente su competencia profesional (art. 4.6) ^F1.

• El ejercicio se lleva a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las de la ley y los principios del ordenamiento jurídico y deontológico (art. 4.7) ^F1.
• Existirá formalización escrita del trabajo en una historia clínica común para cada centro y única para cada paciente atendido en él, que tenderá a ser electrónica y compartida (art. 4.7.a) ^F1.
• Se tenderá a unificar criterios basados en la evidencia y soportados en guías y protocolos; los protocolos se usan de forma orientativa, como guía de decisión para todo el equipo, y se actualizan con la participación de quienes los aplican (art. 4.7.b) ^F1.
• Requisitos imprescindibles para ejercer (art. 4.8): estar colegiado cuando una ley estatal lo exija; no estar inhabilitado o suspendido por sentencia judicial firme, ni por resolución sancionadora de un colegio profesional (cuando la colegiación sea obligatoria por ley estatal), ni por resolución administrativa sancionadora firme (cuando se ejerza en la asistencia sanitaria pública); y, en la sanidad privada, tener un seguro de responsabilidad, aval u otra garantía financiera ^F1.
• Los centros revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales de su plantilla cumplen los requisitos para ejercer (art. 8.3) ^F1.

Relación con los pacientes (art. 5) ^F1. Los profesionales tienen el deber de prestar una atención técnica y profesional adecuada de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento; de hacer un uso racional de los recursos, evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización; y de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas y su participación en las decisiones. Los pacientes tienen derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de quienes les atienden ^F1.

Trabajo en equipo y delegación (art. 9) ^F1. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran los profesionales de las organizaciones asistenciales; se articula de forma jerarquizada o colegiada según conocimientos, competencia y, en su caso, titulación. Dentro del equipo es posible la delegación de actuaciones siempre que estén previamente establecidas las condiciones de la delegación, y condición necesaria es la capacidad para realizarla de quien la recibe, objetivable, siempre que sea posible, con la oportuna acreditación (art. 9.4) ^F1.

2. Formación continuada y desarrollo profesional

Entre los principios rectores de la actuación formativa y docente de las profesiones sanitarias, la LOPS incluye la disposición de toda la estructura del sistema sanitario para la docencia pregraduada, especializada y continuada y la actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de éstos; las instituciones y centros facilitarán estas actividades (art. 12.c y 12.f) ^F1.

La formación continuada es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes ante la evolución científica y tecnológica y las demandas sociales y del sistema (art. 33.1) ^F1. Sus objetivos (art. 33.2) ^F1:

• Garantizar la actualización de los conocimientos y la permanente mejora de la cualificación, e incentivar y motivar al profesional ^F1.
• Potenciar la capacidad de valorar de forma equilibrada el uso de los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo ^F1.
• Generalizar el conocimiento de los aspectos científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario ^F1.
• Mejorar la percepción del propio papel social y de las exigencias éticas que comporta, y posibilitar instrumentos de comunicación entre profesionales ^F1.

La coordinan la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, de la que forman parte las Administraciones presentes en el Consejo Interterritorial (art. 34) ^F1. La acreditación de actividades y centros tiene efectos en todo el territorio nacional, y solo las actividades acreditadas pueden tenerse en cuenta en la carrera profesional; los organismos acreditadores han de ser independientes de quienes proveen la formación (art. 35) ^F1. Las Administraciones pueden expedir Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, que certifican el nivel de formación en un área funcional específica (art. 36) ^F1.

Otras normas repiten el mismo principio: el Estatuto Marco reconoce al personal estatutario el derecho a la formación continuada adecuada a su función (art. 17.1.c) y le impone el deber de mantener actualizados sus conocimientos, para lo que los centros facilitarán la formación continuada (art. 19.c) ^F12; y el RD 183/2008 establece que los especialistas en Ciencias de la Salud deberán realizar formación continuada y acreditar periódicamente su competencia, conforme al art. 4.6 de la LOPS (art. 3.4) ^F2.

Desarrollo profesional (arts. 37-38 LOPS) ^F1. Es el reconocimiento público, expreso e individualizado del desarrollo alcanzado en conocimientos, experiencia asistencial, docente e investigadora y cumplimiento de objetivos; el acceso es voluntario (art. 37). Principios (art. 38.1) ^F1:

• Se articula en cuatro grados; las Administraciones pueden crear además un grado inicial previo ^F1.
• Para el primer grado hay que acreditar cinco años de ejercicio profesional; para los superiores, como mínimo cinco años desde la evaluación positiva anterior; tras una evaluación negativa puede pedirse otra a los dos años ^F1.
• Evalúa un comité específico de cada centro, en su mayoría de la misma profesión del evaluado, con representantes de su unidad y evaluadores externos ^F1.
• El profesional tiene derecho a hacer constar públicamente el grado reconocido ^F1.

3. Formación de grado y doctorado

La Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. Ningún título puede usar la denominación de Graduado o Graduada en Enfermería sin cumplir sus condiciones. Los planes de estudios son enseñanzas oficiales de Grado con una duración de 240 créditos europeos ^F6.

La Orden fija además 18 competencias generales del título; entre ellas, prestar una atención técnica y profesional adecuada al estado de los conocimientos científicos, basar las intervenciones en la evidencia científica, garantizar la intimidad mediante la confidencialidad y el secreto profesional, conocer el código ético y deontológico de la enfermería española y conocer los sistemas de información sanitaria ^F6.

Doctorado. Lo regula el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, en la redacción que le dio el Real Decreto 576/2023, de 4 de julio. Los estudios de doctorado conforman el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales y terminan siempre con la elaboración y defensa de una tesis doctoral con resultados originales de investigación (arts. 2 y 3) ^F7.

• Duración máxima: cuatro años a tiempo completo o siete a tiempo parcial (este, con autorización de la Comisión académica), desde la matrícula hasta el depósito de la tesis; con discapacidad igual o superior al 33 %, seis y nueve años (art. 3.2 y 3.3) ^F7.
• Puede autorizarse una prórroga de un año más, y pedirse bajas temporales hasta un total de dos años (art. 3.4 y 3.6) ^F7.
• Acceso general: título oficial de Grado y de Máster universitario, con al menos 300 créditos ECTS entre ambos (art. 6.1) ^F7.
• También acceden (art. 6.2): quienes tengan títulos oficiales con al menos 300 ECTS y acrediten un nivel 3 del MECES; un título del Espacio Europeo que acredite un nivel 7 del Marco Europeo; un título extranjero de nivel equivalente al Máster; otro título de Doctora o Doctor; y quienes, tras obtener plaza de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación del programa de una especialidad ^F7.

4. Especialidades de enfermería y comisiones nacionales

Antecedentes. Las especialidades de los Ayudantes Técnicos Sanitarios nacían del Decreto de 4 de diciembre de 1953; al integrarse los estudios en la universidad (1977) no se crearon especialidades para la nueva titulación, y una Orden de 9 de octubre de 1980 autorizó a los Diplomados en Enfermería a cursar las de ATS, un sistema que el propio legislador calificó de «necesariamente transitorio» ^F5.

El Real Decreto 992/1987, de 3 de julio (BOE de 1 de agosto), creó el título de Enfermero especialista, para cuya obtención se exigía el título de Diplomado en Enfermería, y creó siete especialidades: Obstétrico-Ginecológica (Matronas), Pediátrica, Salud Mental, Salud Comunitaria, Cuidados Especiales, Geriátrica y Gerencia y Administración de Enfermería (arts. 1 y 2) ^F5. Creó también el Consejo Nacional de Especialidades de Enfermería, órgano de consulta y asesoramiento de los Ministerios de Educación y de Sanidad, que proponía los programas, aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia (preámbulo y arts. 3 y 11) ^F5.

El vigente Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, regula el título de Enfermero Especialista, oficial y válido en todo el Estado, necesario para usar esa denominación, ejercer como especialista y ocupar puestos con tal denominación; su existencia no afecta a las facultades de los enfermeros responsables de cuidados generales (art. 1) ^F4. Las especialidades son siete (art. 2.1) ^F4:

• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y Enfermería Pediátrica ^F4.
• Enfermería de Salud Mental y Enfermería Geriátrica ^F4.
• Enfermería del Trabajo y Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos ^F4.
• Enfermería Familiar y Comunitaria ^F4.

La formación se hace por el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas, a tiempo completo y con prioridad del autoaprendizaje tutorizado (art. 3) ^F4. Se accede tras superar una prueba anual, única y simultánea de carácter estatal, y las plazas se adjudican por orden decreciente de puntuación (art. 4) ^F4. El programa de cada especialidad lo elabora la comisión nacional correspondiente; lo ratifica el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y, previos los informes de la Comisión de Recursos Humanos del SNS y del Ministerio de Educación, lo aprueba el Ministerio de Sanidad; se publica en el BOE (art. 7) ^F4, igual que prevé la LOPS para todas las especialidades (art. 21.2) ^F1.

Comisiones Nacionales de Especialidad. Hay una por especialidad, como órgano asesor de los Ministerios de Educación y de Sanidad, designada por el Ministerio de Sanidad (art. 28.1 LOPS) ^F1. Su composición y mandatos:

Todos los miembros deben tener el título de especialista, salvo los residentes (art. 28.3 LOPS) ^F1. Cada comisión elige a su presidente y vicepresidente, y entre sus funciones están la elaboración del programa formativo de la especialidad, los criterios de evaluación de los residentes y de las unidades docentes, la propuesta de áreas de capacitación específica y el informe sobre la formación continuada del ámbito (art. 28.7 y 28.8) ^F1. En enfermería, los presidentes de las comisiones nacionales forman parte de la Comisión Delegada de Enfermería del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (art. 9 RD 450/2005) ^F4.

Un ejemplo: Enfermería Familiar y Comunitaria. Su programa se aprobó por la Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio: lo elaboró la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (fue el primer programa de la especialidad) y lo ratificó el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; se cursa en unidades docentes multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria durante dos años a tiempo completo ^F9.

5. La residencia: contrato, jornada, supervisión y evaluación

La formación especializada es reglada y oficial, y su objeto es dotar de las competencias de la especialidad de forma simultánea a la progresiva asunción de la responsabilidad del ejercicio autónomo (art. 15 LOPS) ^F1. Tiene lugar por el sistema de residencia en centros acreditados, con dedicación a tiempo completo, incompatible con cualquier otra actividad profesional, actividades registradas en el Libro de Residente, evaluaciones anuales y una final, y una relación laboral especial entre el residente y el servicio de salud o centro (art. 20 LOPS) ^F1.

El contrato (Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre) ^F3. Se celebra por escrito entre el residente y la entidad titular de la unidad docente. Dura un año, renovable por periodos iguales durante el programa si al final de cada año la evaluación es positiva (art. 3.1). Ante una evaluación anual negativa recuperable, el contrato se prorroga como máximo tres meses para un plan de recuperación (art. 3.3). Y en esta relación laboral especial de residencia no podrá establecerse período de prueba (art. 3.5) ^F3.

El residente tiene derecho, entre otros, a la designación de un tutor, a una formación programada, tutelada y evaluada, a ejercer con un nivel progresivo de responsabilidad, a conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en su unidad y consultarles sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el abandono de su puesto, y a estar representado en la Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia (art. 4.1) ^F3.

Tutor y supervisión (Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero) ^F2. El tutor es el especialista en servicio activo, acreditado, que planifica y colabora en el aprendizaje del residente; es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, será en principio el mismo durante todo el periodo formativo y tendrá hasta un máximo de cinco residentes (art. 11) ^F2. Además, todos los profesionales de las unidades donde se forman residentes tienen un deber general de supervisión y la obligación de informar a los tutores (art. 14) ^F2.

• La residencia implica la asunción progresiva de responsabilidades y un nivel decreciente de supervisión a medida que se adquieren las competencias (art. 15.1) ^F2.
• Los residentes se someten a las indicaciones de los especialistas de los dispositivos por los que rotan, sin perjuicio de plantearles cuestiones a ellos y a sus tutores (art. 15.2) ^F2.
• La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y la llevarán a cabo los profesionales de los dispositivos por los que el residente esté rotando o haciendo atención continuada; estos especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos en que intervengan los residentes de primer año (art. 15.3) ^F2.
• A partir del segundo año la supervisión decreciente es progresiva, y el tutor puede dar instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad según la especialidad y el proceso individual del residente (art. 15.4) ^F2.
• Las comisiones de docencia elaboran protocolos escritos para graduar la supervisión en áreas significativas, en especial urgencias (art. 15.5) ^F2.

Evaluación ^F2. Es formativa, anual y final (art. 16). La formativa usa, entre otros instrumentos, entrevistas tutor-residente, no menos de cuatro por año formativo, y el libro del residente (art. 17). La anual y la final las hace el comité de evaluación de cada especialidad, presidido por el jefe de estudios, del que forma parte el tutor (art. 19); la anual se hace en los 15 días anteriores a que concluya el año formativo, y el informe anual del tutor es su instrumento básico (art. 20). Una evaluación anual negativa puede ser recuperable (insuficiencias de aprendizaje recuperables, con recuperación de hasta tres meses; o imposibilidad de prestar servicios más del 25 % de la jornada anual) o no recuperable (faltas de asistencia reiteradas no justificadas, notoria falta de aprovechamiento), que lleva a la extinción del contrato (art. 22) ^F2. La evaluación final negativa es definitiva e impide obtener el título (art. 3.1) ^F2.

6. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por enfermeras

La receta médica y la orden de dispensación hospitalaria aseguran la instauración de un tratamiento por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin perjuicio de ello, los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos los medicamentos no sujetos a prescripción médica y de los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante orden de dispensación; y el Gobierno regulará la de determinados medicamentos sujetos a prescripción mediante protocolos y guías de elaboración conjunta (art. 79.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, RDL 1/2015) ^F11.

Esa regulación es el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, que se aplica tanto en la sanidad pública como en la privada (art. 1) ^F10.

• Vacunas: salvo que un paciente precise valoración médica individualizada, las del calendario vacunal y las de campañas de salud solo precisan la orden de dispensación (art. 3.3) ^F10.
• Acreditación para cuidados generales: título de Graduado o Diplomado en Enfermería o ATS y, además, un año de experiencia profesional o superar un curso de adaptación gratuito de la Administración; para cuidados especializados, además el título de enfermero especialista del RD 450/2005 (art. 9) ^F10.
• La acreditación la otorga el órgano competente de cada comunidad autónoma, que regula el procedimiento; no modifica por sí misma el puesto de trabajo y se inscribe en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (arts. 8 y 10) ^F10.
• Los protocolos y guías se elaboran en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial (tres miembros del Ministerio, tres de las comunidades autónomas, uno de las mutualidades, uno de Defensa, cuatro del Consejo General de Enfermería y cuatro del de Médicos), los valida la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio y se publican en el BOE (art. 6) ^F10.
• Deben ser técnicos y científicos, multidisciplinares (enfermeros y médicos) y de aplicación en todo el territorio nacional (art. 7.2) ^F10.
• Los centros verifican que el seguro de responsabilidad civil cubra estas actuaciones; en el ejercicio libre, lo verifican los colegios profesionales (art. 4) ^F10.
• Para las matronas se mantiene lo previsto en el RD 581/2017 y su programa formativo sobre embarazo, parto, posparto y recién nacido normal (disposición adicional primera) ^F10.

7. El Estatuto Marco del personal estatutario

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco establece las bases de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud del SNS (art. 1) ^F12. El personal estatutario sanitario se clasifica, según el título exigido, en personal de formación universitaria (licenciados con título de especialista, licenciados sanitarios, diplomados con título de especialista y diplomados sanitarios) y de formación profesional (técnicos superiores y técnicos) (art. 6) ^F12.

• Derechos (art. 17): entre otros, estabilidad en el empleo, formación continuada adecuada a la función, protección eficaz en seguridad y salud en el trabajo, movilidad, promoción interna y desarrollo profesional, respeto a su dignidad e intimidad, descanso, y asistencia y protección de las Administraciones en el ejercicio de su profesión ^F12.
• Deberes (art. 19): entre otros, ejercer con lealtad y eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos; mantener actualizados los conocimientos; cumplir con diligencia las instrucciones de sus superiores; informar a usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial; respetar su dignidad, intimidad y libre disposición; mantener la reserva y confidencialidad; cumplimentar los registros y documentación clínica; y ser identificados por su nombre y categoría ^F12.

Régimen disciplinario ^F12. Responde a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad, y se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o penal que pueda derivarse de las mismas infracciones (art. 71.1-71.2). Si en la instrucción aparecen indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal; los hechos probados por sentencia firme vinculan a los servicios de salud (art. 71.4-71.5) ^F12.

Las faltas prescriben desde que se cometieron, y el plazo se interrumpe al notificarse el inicio del procedimiento (art. 72.6) ^F12. Las sanciones firmes se anotan en el expediente y se cancelan de oficio a los seis meses (leves), dos años (graves) o cuatro años (muy graves) (art. 73.5) ^F12. Durante un expediente por falta grave o muy grave cabe la suspensión provisional de funciones, que no puede exceder de seis meses salvo paralización imputable al interesado, con derecho a las retribuciones básicas (art. 75) ^F12. En el procedimiento se garantizan, entre otros, la presunción de inocencia, la audiencia y la asistencia letrada (art. 74) ^F12.

8. Responsabilidad profesional: penal, civil, patrimonial, disciplinaria y deontológica

Un mismo hecho puede generar varias responsabilidades a la vez: la potestad disciplinaria se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o penal (art. 71.2 del Estatuto Marco) ^F12. Y la responsabilidad deontológica la exige la organización colegial: el código de la enfermería española establece que la enfermera es responsable de sus decisiones, acciones u omisiones, y asume las consecuencias de estas (art. 70) ^F21.

Responsabilidad penal ^F13. No hay pena sin dolo o imprudencia (art. 5 CP); son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley (art. 10), y las imprudentes solo se castigan cuando expresamente lo disponga la ley (art. 12) ^F13.

Tampoco se puede dejar de atender en una huelga legal: el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga es falta muy grave del personal estatutario (art. 72.2.j del Estatuto Marco) ^F12. Y la obediencia a los superiores no es ilimitada: la desobediencia notoria es falta muy grave salvo que la orden constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de una ley (art. 72.2.g) ^F12; la enfermera ejerce sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de cada profesional (art. 7.1 LOPS) y, si ha de actuar conforme a criterios profesionales diferentes de los suyos, puede hacerlo constar por escrito (art. 8.5 LOPS) ^F1.

Responsabilidad civil ^F19. Es la obligación de reparar el daño. Puede ser contractual —quedan obligados a indemnizar los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad (art. 1101 del Código Civil)— o extracontractual —el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño (art. 1902)— ^F19. Se responde también por los actos de aquellos de quienes se debe responder: los dueños o directores de un establecimiento o empresa responden de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio, salvo que prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia (art. 1903) ^F19. La acción del art. 1902 prescribe al año desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2.º) ^F19. En la sanidad privada, el profesional debe tener suscrito un seguro de responsabilidad o garantía equivalente (art. 4.8.e LOPS) ^F1.

Responsabilidad patrimonial de la Administración ^F20. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión en sus bienes y derechos consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar; el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32 de la Ley 40/2015) ^F20. No son indemnizables los daños derivados de hechos que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica del momento (art. 34.1) ^F20. El paciente reclama directamente a la Administración, no al profesional; la Administración que ha indemnizado exigirá después a su personal la responsabilidad en que haya incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves (acción de regreso, art. 36.1-36.2) ^F20.

Delegación. La LOPS permite delegar actuaciones dentro del equipo si las condiciones están previamente establecidas y quien la recibe tiene capacidad objetivable para realizarla (art. 9.4) ^F1. El código deontológico añade que la enfermera no debe delegar en otro miembro del equipo de salud o en un familiar funciones que le son propias y para las que los demás no están, de forma objetivable, debidamente capacitados (art. 73) ^F21. Las guías de delegación de la NCSBN y la ANA (2019) precisan quién responde de qué: la enfermera decide cuándo y qué delegar, evalúa los resultados y mantiene la responsabilidad (accountability) por la tarea delegada y la responsabilidad global sobre el paciente; el juicio enfermero no se delega ^F22.

Qué puede hacer el auxiliar de enfermería. El Estatuto Marco derogó el Estatuto del personal sanitario no facultativo de 1973, pero mantiene vigentes, en tanto cada servicio de salud no las regule, sus disposiciones sobre categorías y funciones (disposición derogatoria única.1.f y disposición transitoria sexta.1.b) ^F12. Según ese Estatuto (Orden de 26 de abril de 1973), las auxiliares de clínica en los servicios de enfermería colaboran con el personal auxiliar sanitario titulado (la enfermera) y bajo su supervisión en la recogida de los datos termométricos, le transmiten los signos que les hayan llamado la atención y, por su indicación, colaboran en la administración de medicamentos por vía oral y rectal, con exclusión de la vía parenteral (art. 75) ^F8; tienen prohibido administrar medicamentos por vía parenteral (art. 85) ^F8.

9. Interrupción voluntaria del embarazo e investigación biomédica

De 1985 a 2010: sistema de indicaciones. La Ley Orgánica 9/1985 dio nueva redacción al art. 417 bis del Código Penal de 1973: no era punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro acreditado y con consentimiento expreso de la mujer, solo cuando concurría alguna de estas circunstancias ^F15:

• Grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, con dictamen previo de un médico distinto del que lo practica (en urgencia por riesgo vital, sin dictamen ni consentimiento expreso) ^F15.
• Embarazo consecuencia de un delito de violación denunciado, dentro de las 12 primeras semanas ^F15.
• Presunción de que el feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas, dentro de las 22 primeras semanas y con dictamen de dos especialistas distintos del que lo practica ^F15.

Fuera de esos supuestos el aborto seguía siendo punible. El art. 417 bis del Código de 1973 siguió vigente tras el Código Penal de 1995 hasta que lo derogó la Ley Orgánica 2/2010 (disposición derogatoria única), con efectos desde el 5 de julio de 2010 ^F16,F14.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada por la Ley Orgánica 1/2023, fija los requisitos comunes: que la practique un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología, o bajo su dirección; en centro sanitario público o en un centro privado acreditado; y con consentimiento expreso, informado y por escrito de la mujer o, en su caso, de su representante (art. 13) ^F16. Desde los 16 años la mujer puede decidir sin el consentimiento de sus representantes legales (art. 13 bis) ^F16.

Entre 2010 y 2023, la interrupción a petición dentro de las 14 semanas exigía además informar a la mujer sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que transcurriera un plazo de al menos tres días entre esa información y la intervención (art. 14 en su redacción anterior) ^F17. Hoy esa información sobre ayudas se da solo si la mujer la pide y nunca como requisito (art. 17.2) ^F16.

Garantías de la prestación. En la redacción vigente entre 2010 y 2023, el art. 19 («Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud») establecía que ^F17:

• Las administraciones garantizarán los contenidos básicos que determine el Gobierno y se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan ^F17.
• La prestación se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma ^F17.
• Los profesionales directamente implicados podrán ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas; es una decisión individual, que se manifiesta anticipadamente y por escrito ^F17.
• En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo ^F17.
• Solo excepcionalmente, si el servicio público no puede facilitarla en tiempo, la mujer tiene derecho a acudir a cualquier centro acreditado del territorio nacional, con el compromiso escrito de que la Administración asume el abono ^F17.

Entre esas medidas no figura una libre elección de centro sanitario público para acceder a la prestación: lo que se garantizaba era el acceso por igual con independencia del lugar de residencia y, solo excepcionalmente, acudir a otro centro acreditado ^F17. La LO 1/2023 mantuvo estas garantías y las reordenó: igualdad efectiva y remisión al centro o servicio autorizado «en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio» cuando la administración no puede ofrecerla en su ámbito (art. 18), la prestación como procedimiento de urgencia (art. 19.6), la objeción de conciencia en un artículo propio con registros de objetores (arts. 19 bis y 19 ter) y el deber de todo el personal de atender a la mujer antes y después de la interrupción (art. 19 bis.2) ^F16.

Fuera de los casos permitidos por la ley, quien produzca el aborto con consentimiento de la mujer comete delito, castigado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para cualquier profesión sanitaria de uno a seis años; la mujer que lo consienta, con multa; y las penas se imponen en su mitad superior a partir de la semana 22 (art. 145 CP) ^F13.

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica ^F18. Regula, con pleno respeto a la dignidad e identidad humanas, las investigaciones con procedimientos invasivos, el uso de gametos, embriones y fetos, las muestras biológicas, los biobancos y el Comité de Bioética de España; los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios se rigen por su normativa específica (art. 1) ^F18. Sus garantías (art. 2) incluyen que la salud, el interés y el bienestar del participante prevalecen por encima del interés de la sociedad o de la ciencia, la libertad de investigación, el informe favorable previo del Comité de Ética de la Investigación y el principio de precaución ^F18.

Trazabilidad (art. 8). Debe garantizarse la trazabilidad de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano, y en la investigación con células y tejidos destinados a su aplicación en el ser humano, los datos para garantizar la trazabilidad deben conservarse durante al menos treinta años ^F18.

• Consentimiento expreso y escrito tras información adecuada; la información se proporciona por escrito y comprende la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la investigación (art. 4.1) ^F18.
• Se otorgará el consentimiento por representación cuando la persona esté incapacitada legalmente o sea menor de edad, siempre que no existan otras alternativas para la investigación (art. 4.2) ^F18.
• El consentimiento puede revocarse en cualquier momento, y negarse o revocarlo no perjudica la asistencia sanitaria (art. 4.3 y 4.4) ^F18.
• Toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de carácter personal que se obtengan en el curso de una investigación biomédica, según los términos en que manifestó su voluntad; se respeta también su derecho a no ser informada (art. 4.5) ^F18.
• La cesión de datos personales a terceros ajenos a la actuación médico-asistencial o a una investigación biomédica requiere el consentimiento expreso y escrito del interesado (art. 5.2) ^F18.
• El deber de secreto persiste aun después de haber cesado la investigación (art. 5.4) ^F18.
• La investigación no deberá retrasar o privar a los participantes de los procedimientos médicos preventivos, diagnósticos o terapéuticos necesarios para su salud; el placebo solo cabe si no hay métodos de eficacia probada o si retirarlos no supone un riesgo inaceptable (art. 24) ^F18.

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