Final de la vida: eutanasia e instrucciones previas

Índice

1. Resumen para repasar3
2. Puntos clave6
3. 1. Conceptos: eutanasia, suicidio asistido y lo que no es eutanasia7
4. 2. Adecuación del esfuerzo terapéutico, obstinación y sedación paliativa9
5. 3. Ley Orgánica 3/2021: objeto, principios y definiciones12
6. 4. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir14
7. 5. Procedimiento: solicitudes, plazos, denegación y control16
8. 6. Garantías: cartera común, objeción de conciencia, información y Código Penal19
9. 7. Instrucciones previas (Ley 41/2002 y Registro nacional)21
10. 8. Planificación anticipada de decisiones y derechos al final de la vida23
11. Todas las preguntas del tema (11)26
12. Solucionario31
13. Fuentes32

Resumen para repasar

Puntos clave

1. La LORE define la eutanasia como la actuación que produce la muerte de forma directa e intencionada, con relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada ^F1.
2. En el suicidio médicamente asistido el médico proporciona los fármacos y el paciente se los administra; si quien los facilita no es un sanitario, es ayuda (cooperación) al suicidio ^{F7 F2}.
3. La limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico evita la obstinación terapéutica (antiguo encarnizamiento) y no limita los cuidados de bienestar ^{F5 F6 F7}.
4. Dominios de calidad al final de la vida: decisiones centradas en paciente y familia, continuidad y apoyo emocional y práctico, entre otros ^F9.
5. Requisitos de la LORE: nacionalidad, residencia legal o empadronamiento > 12 meses, mayor de edad, capaz y consciente, información escrita (con cuidados paliativos), dos solicitudes separadas al menos 15 días naturales, enfermedad certificada y consentimiento informado previo en la historia clínica ^F1.
6. La denegación es siempre por escrito y motivada por el médico responsable, en 10 días naturales desde la primera solicitud; reclamación ante la CGE en 15 días ^F1.
7. El médico consultor, formado en la patología y ajeno al equipo, informa en 10 días naturales desde la segunda solicitud ^F1.
8. La prestación está en la cartera común del SNS; la objeción de conciencia es individual, anticipada y por escrito; la muerte es muerte natural ^F1.
9. Instrucciones previas: persona mayor de edad, capaz y libre; cuidados y tratamiento y destino del cuerpo u órganos; por escrito; revocables; límites: ordenamiento, lex artis y supuesto de hecho ^F3.
10. La PAD es un proceso estructurado de comunicación entre profesionales, pacientes y entorno para anticipar decisiones al final de la vida ^F11.

1. Conceptos: eutanasia, suicidio asistido y lo que no es eutanasia

El preámbulo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE) recuerda que eutanasia significa etimológicamente «buena muerte» y la define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento ^F1. La ley la entiende como la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios ^F1.

Hoy hay amplio acuerdo en limitar el término «eutanasia» a la que se produce de manera activa y directa. Quedan fuera del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia las actuaciones que antes se llamaban eutanasia pasiva (no adoptar tratamientos que prolongan la vida o interrumpir los ya instaurados conforme a la lex artis) y eutanasia activa indirecta (fármacos que alivian el sufrimiento aunque aceleren la muerte: cuidados paliativos) ^F1. La OMC y la SECPAL definen la eutanasia como la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de ésta, y en un contexto médico, y añaden que no procede hablar de «eutanasia involuntaria», «pasiva» ni «indirecta» ^F7.

La LORE distingue dos conductas eutanásicas: la eutanasia activa, acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, y aquella en la que es el propio paciente quien termina con su vida, con la colaboración de un profesional sanitario que facilita los medios necesarios (asesoramiento sobre sustancia y dosis, prescripción o incluso suministro) para que el paciente se lo administre ^F1. Esa segunda conducta es lo que la OMC-SECPAL llama suicidio médicamente asistido: la ayuda médica para la realización de un suicidio, ante la solicitud de un enfermo, proporcionándole los fármacos necesarios para que él mismo se los administre ^F7.

El Comité de Bioética de España, citando el documento OMC-SECPAL, recoge las mismas dos definiciones (eutanasia y auxilio médico al suicidio, «la ayuda médica para la realización de un suicidio») y añade que, según se ha señalado, para hablar de ellas deben concurrir cuatro notas: petición expresa y reiterada, aplicación por profesional sanitario, enfermedad irreversible o avanzada y sufrimiento vivido como inaceptable ^F8. El mismo informe recoge, del Comité de Bioética italiano, la postura de quienes ven una diferencia de principio entre ambas: en la ayuda al suicidio, el suicidio sigue siendo un acto personal, mientras que la eutanasia prevé la intervención de un tercero para dar muerte ^F8.

El Código Penal (art. 143) castiga la inducción al suicidio (prisión de 4 a 8 años), la cooperación con actos necesarios al suicidio de una persona (2 a 5 años) y la cooperación que llega hasta el punto de ejecutar la muerte (6 a 10 años) ^F2. Desde la LORE, el art. 143.4 rebaja en uno o dos grados la pena de quien causa o coopera activamente a la muerte de una persona con padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, a su petición expresa, seria e inequívoca; y el 143.5 deja sin responsabilidad penal a quien lo hace cumpliendo la LORE ^F2. Es decir, la ayuda para morir solo es legal dentro del procedimiento de la ley, que exige a un profesional sanitario ^{F1 F2}.

La Ley andaluza 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte resume lo que no debe llamarse eutanasia: el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa no deben ser calificadas como acciones de eutanasia, porque nunca buscan deliberadamente la muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la autonomía y humanizar el proceso de la muerte; deben considerarse buena práctica clínica ^F5.

2. Adecuación del esfuerzo terapéutico, obstinación y sedación paliativa

La adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico limitado así lo aconseje: es la adaptación de los tratamientos a la situación clínica del paciente. La OMC-SECPAL pide evitar el término «limitación del esfuerzo terapéutico» porque no se trata de limitar tratamientos sino de adecuarlos ^F7. La Ley andaluza 2/2010 conserva la expresión y define la limitación del esfuerzo terapéutico como la retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico en cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo prolonga una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría ^F5.

Su contrario es la obstinación terapéutica: la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de tratamiento paliativo; es mala práctica médica y falta deontológica ^F7. La OMC-SECPAL considera preferible evitar el término «encarnizamiento» porque presupone una intencionalidad negativa: obstinación y encarnizamiento nombran, pues, la misma práctica ^F7. En la ley andaluza, el médico responsable limitará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica, y dejará constancia de la justificación en la historia clínica ^F5. La SEMICYUC lo resume: la limitación de tratamientos de soporte vital es buena práctica porque el mantenimiento de tratamientos fútiles y la obstinación terapéutica no tienen justificación ética ni científica ^F10.

Qué no es la AET, según las fuentes: no es abandonar ni recortar cuidados. La SEMICYUC aclara que no supone una reducción de la atención médica sino una restricción a medidas desproporcionadas, y que se continúa el tratamiento conservador o paliativo para preservar la calidad de vida y aliviar el dolor o sufrimiento ^F10. La ley valenciana 16/2018 define la limitación de tratamientos de soporte vital como una decisión meditada y consensuada del equipo asistencial que permite que la muerte llegue como evolución inevitable de la enfermedad sin limitar los cuidados y tratamientos que proporcionan bienestar; y afirma que los cuidados al final de la vida no acortan ni prolongan la vida ^F6. En Andalucía, los profesionales están obligados a ofrecer las intervenciones necesarias para garantizar el adecuado cuidado y confort ^F5.

Tampoco es algo reservado a la agonía. La AET se aplica cuando el pronóstico limitado lo aconseja ^F7, y la SEMICYUC advierte que es un error frecuente asociar la limitación inexorablemente con el exitus: parte de los pacientes con limitación al ingreso sobreviven más de 30 días ^F10. El Comité de Bioética de España la describe como un proceso dinámico, continuado y a veces cambiante según los estadios de la enfermedad; cuando resulta de una valoración clínica ponderada y colegiada, no es eutanasia, no es punible y sí es buena práctica clínica y criterio de calidad asistencial ^F8.

Quién decide y con qué fundamento. Las recomendaciones de la SEMICYUC de 2008 basan la limitación del tratamiento de soporte vital en el respeto a la persona (autonomía y libertad) y en los principios de no maleficencia y justicia: no hay obligación de mantener tratamientos fútiles, y consumir recursos inútiles va contra la justicia distributiva ^F9. La decisión se discute colectivamente (médicos y enfermeras) y se toma por consenso; ante la duda se inicia o continúa el tratamiento; siempre se informa y consulta a familiares o representantes buscando respetar las preferencias del paciente, pero en ningún caso se responsabiliza a la familia de la decisión; y una vez tomada, el médico no abandona al paciente y le garantiza los cuidados paliativos que precise ^F9. En Andalucía la limitación se hace oído el criterio de la enfermera responsable de los cuidados y con la opinión coincidente de otro médico ^F5.

Ítems (dominios) de calidad. El programa para promover la excelencia en el tratamiento paliativo del paciente crítico (Clarke et al., 2003) definió siete dominios de calidad, que la SEMICYUC recoge ^F9:

• Toma de decisiones centrada en el paciente y su familia ^F9.
• Comunicación dentro del equipo y con los pacientes y sus familias ^F9.
• Continuidad del tratamiento ^F9.
• Apoyo emocional y práctico para los pacientes y sus familias ^F9.
• Tratamiento sintomático y de bienestar ^F9.
• Apoyo espiritual para los pacientes y sus familias ^F9.
• Apoyo emocional y de la organización para los profesionales de la UMI ^F9.

La actualización de la SEMICYUC de 2020 enumera como aspectos fundamentales de los cuidados paliativos en UCI la comunicación sobre situación, pronóstico y opciones, un plan de cuidados según los valores y preferencias de la persona, el alivio de síntomas, el apoyo emocional a los familiares (incluido el duelo), la continuidad de cuidados y la prevención del desgaste profesional ^F10.

Sedación paliativa: disminución deliberada de la consciencia del enfermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento, mediante los fármacos indicados y a dosis proporcionadas, para evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios; en los últimos días u horas de vida se habla de sedación en la agonía ^F7. Un síntoma refractario es el que no responde al tratamiento adecuado y precisa, para controlarse, reducir la conciencia ^F5. La situación de agonía precede a la muerte cuando esta es gradual: deterioro físico intenso, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad para la relación y la ingesta, y pronóstico de horas o pocos días ^F7.

3. Ley Orgánica 3/2021: objeto, principios y definiciones

La LORE, de 24 de marzo de 2021, entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (el art. 17, de creación de las comisiones, al día siguiente) ^F1; la reforma del art. 143 del Código Penal rige desde el 25 de junio de 2021 ^F2. Su objeto es regular el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento y las garantías, así como los deberes del personal sanitario y las obligaciones de las administraciones (art. 1) ^F1. Se aplica a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español (art. 2) ^F1.

El preámbulo la presenta como un nuevo derecho individual. Se legisla para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en un contexto eutanásico, con garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole ^F1. Los principios que se hacen compatibles son, de un lado, los derechos a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad ^F1. La decisión de solicitar la prestación ha de ser autónoma: fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico después de haber sido informada por el equipo sanitario, con constancia en la historia clínica de que la información se ha recibido y comprendido (art. 4.2) ^F1. Se garantizan los apoyos necesarios para que la decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas (art. 4.3) ^F1.

Definiciones del artículo 3 ^F1:

4. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir

El artículo 5.1 exige que la persona cumpla todos los requisitos siguientes ^F1:

Paciente en situación de incapacidad de hecho (art. 5.2). No se aplican las letras b), c) y e) (información escrita, dos solicitudes y consentimiento) cuando el médico responsable certifica que el paciente no está en pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad, cumple la letra d) y ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o equivalente legalmente reconocido: la prestación se facilita conforme a ese documento, y si nombró representante, este es el interlocutor válido del médico responsable ^F1. La valoración de la incapacidad de hecho sigue los protocolos del Consejo Interterritorial del SNS ^F1. En estos casos, el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas (art. 9) ^F1.

5. Procedimiento: solicitudes, plazos, denegación y control

La solicitud (art. 6). Se hace por escrito, fechada y firmada por el paciente, o por cualquier otro medio que deje constancia de su voluntad inequívoca y del momento en que la formula. Si no puede fechar y firmar, puede usar otros medios o otra persona mayor de edad y plenamente capaz puede hacerlo en su presencia, explicando por qué el paciente no puede firmar ^F1. El documento se firma en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará (si no es el médico responsable, se lo entrega) y se incorpora a la historia clínica ^F1. El solicitante puede revocar su solicitud en cualquier momento y pedir el aplazamiento de la administración ^F1. En los casos del art. 5.2, la solicitud la presenta otra persona mayor de edad y capaz con el documento de instrucciones previas; si no hay nadie, puede presentarla el médico que lo trata, que puede acceder al documento a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria autonómica o por el Ministerio de Sanidad (art. 4.1.d del RD 124/2007) ^F1.

Denegación (art. 7). Las denegaciones deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable ^F1. La denegación ha de hacerse en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud; contra ella, quien presentó la solicitud puede reclamar ante la CGE en el plazo máximo de quince días naturales, y el médico que deniega está obligado a informarle de esa posibilidad ^F1. Haya o no reclamación, el médico que deniega remite a la CGE, en 5 días desde la notificación al paciente, los dos documentos del art. 12, con los datos clínicos y el motivo de la denegación por escrito ^F1. La fórmula «por escrito o por otro medio que permita dejar constancia» es la de las solicitudes (art. 5.1.c), no la de las denegaciones ^F1.

Reclamaciones ante la CGE (art. 18.a). La Comisión resuelve en veinte días naturales las reclamaciones contra las denegaciones del médico responsable, las que siguen a un informe desfavorable de sus dos miembros (sin que estos participen) y los casos elevados al pleno por disparidad de criterios ^F1. Si la resolución es favorable, requiere a la dirección del centro para que en siete días naturales facilite la prestación con otro médico del centro o un equipo externo ^F1. Si pasan los veinte días sin resolución, la solicitud se entiende denegada y queda abierto el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa ^F1. Un informe desfavorable del médico consultor también puede recurrirse ante la CGE ^F1.

Realización (art. 11). Tras la resolución positiva, la prestación se hace con el máximo cuidado y profesionalidad, con los protocolos correspondientes. Si el paciente está consciente, comunica al médico responsable la modalidad en que quiere recibirla ^F1. En la administración directa, el médico responsable y el resto de profesionales sanitarios asisten al paciente hasta el momento de su muerte; en la autoadministración, tras prescribir la sustancia, mantienen la debida tarea de observación y apoyo hasta el fallecimiento ^F1.

Naturaleza de los plazos (Manual de buenas prácticas, 2.ª ed., 2026). Los plazos del procedimiento son máximos y no preclusivos: superarlos no invalida ni impide seguir la tramitación, salvo que se disponga expresamente. Solo dos plazos son de transcurso obligatorio, en garantía del solicitante: los al menos 15 días entre la primera y la segunda solicitud y las 24 horas entre el fin del segundo proceso deliberativo y la manifestación del paciente de continuar ^F12. Si el paciente no ha indicado la modalidad, se opta por la vía intravenosa ^F12. El certificado médico de defunción recoge como causa inmediata «Prestación de ayuda para morir (LORE 3/2021)» y como causa inicial o fundamental la patología de base ^F12.

La enfermera del equipo asistencial. El Manual le asigna, en coordinación con el médico responsable, estas funciones: recibir la primera solicitud firmada (puede hacerlo cualquier profesional sanitario) y remitirla al médico responsable; dar acompañamiento informativo sobre sus derechos sin duplicar la información clínica; apoyar el proceso deliberativo desde los cuidados, sin asumir funciones de verificación de requisitos legales ni de decisión clínica; colaborar en la preparación del entorno y del material; valorar y canalizar la vía intravenosa y ejecutar las actuaciones indicadas según la prescripción médica; asistir al paciente hasta el fallecimiento; atender después a familia y allegados; informar de los recursos de duelo; y realizar los cuidados post mortem ^F12. Se identifica una enfermera de referencia, que puede ser de atención primaria, intermedia u hospitalaria, sujeta al mismo deber de secreto que los médicos responsable y consultor ^F12. La Estrategia de Cronicidad sitúa a atención primaria como nivel de referencia en la identificación de casos, la información, la tramitación de solicitudes y el acompañamiento clínico y emocional ^F11.

Medicamentos (documento anexo al Manual). En la administración intravenosa (modalidad 1): premedicación con midazolam 5-20 mg, lidocaína 40 mg como adyuvante para evitar el dolor de la inyección, inductor del coma (propofol 1.000 mg de elección, o tiopental 2.000 mg) y, comprobado el coma profundo, un bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuronio), que se administra siempre, incluso si el paciente ya ha fallecido ^F13. En la autoadministración oral (modalidad 2): un antiemético (metoclopramida u ondansetrón) una hora antes y después el inductor del coma, pentobarbital 15 g en solución oral (fórmula magistral) ^F13.

6. Garantías: cartera común, objeción de conciencia, información y Código Penal

Acceso (arts. 13 y 14). La prestación de ayuda para morir está incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública ^F1. Se realiza en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que la objeción de conciencia ni el lugar menoscaben el acceso y la calidad asistencial; no pueden intervenir quienes tengan conflicto de intereses o resulten beneficiados de la eutanasia ^F1. Los centros aseguran la intimidad y la confidencialidad, con custodia activa de las historias clínicas y medidas de seguridad de nivel alto (art. 15) ^F1.

Cuidados paliativos. La ley no los restringe: la información escrita que se entrega al solicitante debe incluir la posibilidad de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común (art. 5.1.b), y el proceso deliberativo con el médico responsable trata también los posibles cuidados paliativos (art. 8.1) ^F1. El Manual de buenas prácticas precisa que el médico debe informar de los cuidados paliativos con la expresa indicación de que son compatibles con la solicitud y el reconocimiento del derecho a la prestación; también el rechazo o la retirada de intervenciones y la limitación del esfuerzo terapéutico son compatibles con ella y no son, por sí mismos, causa de denegación ^F12.

Objeción de conciencia (art. 16). Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación pueden ejercerla. Es una decisión individual que debe manifestarse anticipadamente y por escrito ^F1. Las administraciones sanitarias crean un registro de profesionales sanitarios objetores, sometido al principio de estricta confidencialidad, para poder garantizar la gestión de la prestación ^F1.

Comisiones de Garantía y Evaluación (arts. 17-19). Hay una en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla (estas, creadas por el Ministerio de Sanidad). Son multidisciplinares, con un mínimo de siete miembros, entre ellos personal médico, de enfermería y juristas ^F1. Resuelven reclamaciones, verifican a posteriori cada prestación, detectan problemas, resuelven dudas como órgano consultivo y publican un informe anual ^F1. Sus miembros tienen deber de secreto ^F1.

Otras disposiciones. La muerte por la prestación tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos (disposición adicional primera) ^F1. Las administraciones deben difundir la ley y promover la realización del documento de instrucciones previas (disposición adicional séptima), y el Consejo Interterritorial debía elaborar un manual de buenas prácticas (disposición adicional sexta) ^F1; su 2.ª edición la aprobó el Consejo Interterritorial el 10 de julio de 2026 ^F12. La disposición final primera reformó el art. 143 del Código Penal (apartados 4 y 5) para despenalizar la ayuda para morir prestada conforme a la ley ^{F1 F2}.

Información y autonomía (Ley 41/2002). Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre su salud, pero además toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada (art. 4.1) ^F3. La renuncia a la información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros o de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso; cuando el paciente manifiesta expresamente su deseo de no ser informado, se respeta su voluntad dejando constancia documental de su renuncia (art. 9.1) ^F3. El derecho a la información puede limitarse además por un estado de necesidad terapéutica acreditado: la facultad del médico de actuar sin informar antes cuando, por razones objetivas, conocer su situación pueda perjudicar gravemente la salud del paciente, dejando constancia razonada en la historia (art. 5.4) ^F3. El médico responsable garantiza el derecho a la información, y también son responsables de informar los profesionales que le atienden o le aplican una técnica (art. 4.3) ^F3. El paciente decide libremente entre las opciones clínicas y tiene derecho a negarse al tratamiento, salvo los casos determinados en la ley; todo profesional está obligado a respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente (art. 2) ^F3.

7. Instrucciones previas (Ley 41/2002 y Registro nacional)

El artículo 11 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, regula el documento de instrucciones previas (recibe otros nombres: documento de voluntades anticipadas, declaración vital anticipada, expresión anticipada de voluntades… ^F4; la LORE habla también de testamento vital ^F1, término que la OMC-SECPAL considera especialmente inadecuado ^F7) ^F3.

El Real Decreto 124/2007 creó el Registro nacional de instrucciones previas, adscrito al Ministerio de Sanidad, que recoge las inscripciones practicadas en los registros autonómicos ^F4. Su preámbulo presenta el documento como expresión del respeto a la autonomía de las personas, que no solo influye en las decisiones futuras sino que facilita a los profesionales decidir respetando la voluntad del enfermo cuando ya no puede decidir ^F4. Una vez inscritas en el registro autonómico, las instrucciones se comunican al nacional por vía telemática en siete días, con copia del documento ^F4.

Pueden acceder al Registro nacional el otorgante, sus representantes legales o designados, los responsables de los registros autonómicos y las personas designadas por la autoridad sanitaria autonómica o por el Ministerio; estos accesos por vía telemática se hacen previa solicitud del facultativo que esté tratando al otorgante; quienes acceden están sujetos al deber de secreto ^F4. Según el anexo del real decreto, la declaración se formaliza ante notario, ante testigos o ante la Administración, y su materia puede ser cuidados y tratamiento, destino del cuerpo o de los órganos y, desde el Real Decreto 415/2022, la prestación de ayuda para morir ^F4. La LORE permite solicitar la eutanasia mediante este documento cuando la persona está en situación de incapacidad de hecho ^F1.

La OMC-SECPAL precisa que el documento de instrucciones previas no sustituye la comunicación continua y adecuada del médico con su paciente mientras este conserve la capacidad de decidir ^F7. La ley valenciana permite otorgarlo a toda persona mayor de edad o menor emancipada, capaz y libre, y añade que, en caso de contradicción entre lo manifestado por el paciente no incapacitado y por su representante, prevalece siempre la voluntad del paciente ^F6.

8. Planificación anticipada de decisiones y derechos al final de la vida

La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, Documento de Desarrollo 2025-2028, dedica su línea estratégica 5 a la atención al final de la vida, que debe ser humanizada, integral y centrada en la persona, con especial relevancia de la calidad de vida, el alivio del sufrimiento y el acompañamiento emocional ^F11. En su apartado 5.3 promueve la planificación anticipada de decisiones (PAD) como un proceso estructurado de comunicación entre profesionales sanitarios, pacientes y personas de su entorno, orientado a anticipar decisiones clínicas en el proceso final de vida, especialmente ante la pérdida de capacidad para decidir, para alinear la atención con los valores, preferencias y objetivos vitales de la persona conforme a la Ley 41/2002 ^F11.

La PAD incluye la posibilidad de formalizar las voluntades mediante documentos de instrucciones previas, que deben ser accesibles en todos los niveles asistenciales: el documento es una herramienta posible dentro del proceso, no el proceso ^F11. El equipo de atención primaria tiene un papel clave en identificar las situaciones que lo requieren y en la información, orientación, acompañamiento y revisión según la evolución, y la estrategia pide integrarlo en la historia clínica y en los protocolos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o al final de la vida ^F11. La misma línea asigna a enfermería un papel esencial como referencia en la atención directa y en la coordinación de los cuidados al final de la vida ^F11.

La ley valenciana 16/2018 define la PAD como un proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz y el personal sanitario sobre los valores, deseos y preferencias que quiere que se tengan en cuenta en su atención, sobre todo en los momentos finales de su vida, con la finalidad de elaborar un plan conjunto para cuando pierda la capacidad de decidir ^F6. El proceso queda recogido en la historia clínica y en él participan, si la persona lo desea, familiares, representantes u otras personas de su entorno ^F6. La OMC-SECPAL habla de planificación anticipada de los cuidados, que puede incluir la comprensión de la enfermedad, valores y creencias, preferencias de tratamiento, intervenciones que autoriza o rechaza y la designación de un representante ^F7.

Derechos de la persona en el proceso final de la vida (Ley 16/2018 de la Comunitat Valenciana). Su preámbulo afirma que los cuidados en la atención de las personas al final de la vida no acortan ni prolongan la vida, sino que adecúan el tratamiento al objetivo primero y principal de aliviar su sufrimiento ^F6. Entre sus principios está el respeto a la libertad, la autonomía personal y su voluntad en cuanto a deseos, prioridades y valores; y reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales de calidad, con el máximo respeto a su autonomía y a su dignidad, y a la atención que prevenga y alivie el sufrimiento, el dolor y otros síntomas ^F6. La ley andaluza obliga a los profesionales a ofrecer las intervenciones necesarias para garantizar el adecuado cuidado y confort del paciente ^F5.

• Información: derecho a recibir la información clínica de manera accesible, comprensible y adecuada, con oportunidad de preguntar ^F6.
• Rechazo de la información: si, pese al ofrecimiento explícito, la persona rechaza voluntariamente ser informada, se respeta su decisión, haciéndole ver su trascendencia y la posibilidad de designar a quien le represente ^F6.
• Rechazo y retirada de tratamientos: derecho a rechazar las intervenciones propuestas tras informarse, aunque suponga un riesgo para su vida, y a solicitar la interrupción de los tratamientos ya instaurados ^F6.
• El rechazo o la retirada de una intervención debe ser respetado a pesar de no coincidir con el criterio clínico, y no supone menoscabo del resto de la atención, especialmente la destinada a paliar el sufrimiento ^F6.
• Menores: reciben información adaptada a su edad y madurez y sus opiniones son escuchadas y tenidas en cuenta; si no pueden comprender, consiente su representante legal después de escucharles; con 16 años cumplidos o emancipados no cabe el consentimiento por representación ^F6.
• Instrucciones previas: se aplican salvo que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis o no correspondan al supuesto de hecho previsto; no hay una excepción para los tratamientos que alargan la vida ^F3.

Todas las preguntas del tema (11)

De la más reciente a la más antigua. Las respuestas, en el solucionario.

Solucionario

Fuentes