Dependencia y recursos sociosanitarios

Índice

1. Resumen para repasar3
2. Puntos clave6
3. 1. Deficiencia, discapacidad, minusvalía y dependencia7
4. 2. La Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia10
5. 3. Grados de dependencia, valoración y programa individual de atención13
6. 4. Catálogo de servicios, prestaciones económicas y teleasistencia15
7. 5. La persona cuidadora: perfil, consecuencias y escala de Zarit19
8. 6. Atención sociosanitaria y Plan Gerontológico23
9. 7. Hacia un nuevo modelo de cuidados: atención centrada en la persona y desinstitucionalización25
10. Todas las preguntas del tema (10)28
11. Preguntas que también podrían ser de este tema (5)32
12. Solucionario34
13. Fuentes35

Resumen para repasar

Puntos clave

1. CIDDM (1980): discapacidad = «toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano» ^F8.
2. El modelo social entiende la discapacidad como un conjunto de condiciones creadas en gran parte por el entorno social; la CIF integra modelo médico y social en el enfoque biopsicosocial ^F9.
3. Ley 39/2006: la dependencia es un «estado de carácter permanente», por edad, enfermedad o discapacidad ^F1.
4. Tercer sector: organizaciones privadas de iniciativa ciudadana o social, solidarias, de interés general y sin ánimo de lucro ^F1.
5. Grados: I moderada (BVD 25-49), II severa (50-74), III gran dependencia (75-100) ^F3; la ley vigente ya no los divide en niveles ^F1.
6. La prestación por cuidados en el entorno familiar es excepcional y exige una cuidadora idónea, sujeta a las normas de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social, y cuyos cuidados sean adecuados ^F1,F4,F5.
7. La consecuencia del cuidado que afecta a más cuidadoras es la reducción del tiempo de ocio ^F11.
8. La escala de Zarit mide la sobrecarga subjetiva de la persona cuidadora (22 ítems) ^F12.
9. Plan Gerontológico: pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio, y participación ^F10.
10. Componente 22: modelo de Atención Centrada en la Persona y desinstitucionalización de los cuidados de larga duración ^F16.
11. Institución (instituciones totales de Goffman): aislamiento de la comunidad y requisitos de la organización por encima de las necesidades de los residentes ^F17.

1. Deficiencia, discapacidad, minusvalía y dependencia

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS, de 1980 (edición española del INSERSO), describe tres planos de las consecuencias de la enfermedad, en el esquema enfermedad → deficiencia → discapacidad → minusvalía ^F8. Las deficiencias representan trastornos a nivel de órgano; las discapacidades, trastornos al nivel de la persona (su rendimiento funcional y su actividad); y las minusvalías, las desventajas que experimenta el individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades, que reflejan su interacción y adaptación al entorno ^F8.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la OMS, de 2001 (edición española del IMSERSO), sustituye aquel esquema ^F9. En ella, funcionamiento es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación (los aspectos positivos de la interacción entre la persona con una condición de salud y sus factores contextuales), y discapacidad es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación (los aspectos negativos de esa interacción) ^F9. Deficiencia es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica; limitaciones en la actividad, las dificultades para realizar actividades; restricciones en la participación, los problemas para implicarse en situaciones vitales ^F9. Los factores ambientales son el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven ^F9.

La CIF expone la dialéctica entre dos modelos conceptuales ^F9. El modelo médico considera la discapacidad un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere cuidados médicos en forma de tratamiento individual por profesionales, encaminado a la cura o a una mejor adaptación de la persona ^F9. El modelo social la considera fundamentalmente un problema de origen social: la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas creadas por el contexto/entorno social; por eso es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena, y en política se convierte en una cuestión de derechos humanos ^F9. La CIF se basa en la integración de ambos mediante un enfoque «biopsicosocial», que sintetiza las perspectivas biológica, individual y social ^F9.

La ley española de derechos de las personas con discapacidad adopta esta mirada social: la discapacidad «es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» ^F23. Es decir, desde el modelo social, la desventaja no está en la persona sino en un entorno que no responde a las necesidades derivadas de sus características: el que tiene que cambiar es el entorno ^F9,F23.

La dependencia es un concepto distinto de la discapacidad. El Libro Blanco del IMSERSO recoge la definición del Consejo de Europa (Recomendación de 1998): «un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal» ^F10. De ella se deducen tres factores que concurren en toda situación de dependencia: una limitación física, psíquica o intelectual que merma capacidades; la incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria; y la necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero ^F10.

2. La Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio ^F1. El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados ^F1.

Entre los principios de la ley están el carácter público de las prestaciones; la universalidad en el acceso; la atención integral e integrada; la personalización de la atención; la permanencia de la persona, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrolla su vida; la colaboración de los servicios sociales y sanitarios; la participación de la iniciativa privada y del tercer sector; la perspectiva de género; y la atención preferente a las personas en situación de gran dependencia ^F1. Los objetivos de las prestaciones son facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible, y un trato digno en todos los ámbitos de su vida ^F1.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD es el instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas: acuerda, entre otras cosas, el baremo de valoración, las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas y los criterios de participación del beneficiario en el coste ^F1. Corresponde a las comunidades autónomas planificar y gestionar los servicios, establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, acreditar los centros y asegurar la elaboración de los programas individuales de atención ^F1. Los beneficiarios participan en la financiación según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, pero ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos ^F1.

Son titulares de los derechos los españoles en situación de dependencia en alguno de los grados que residan en territorio español y lo hayan hecho durante cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud ^F1. La ley también ordenó que las referencias normativas a «minusválidos» y «personas con minusvalía» se entiendan hechas a «personas con discapacidad» ^F1.

3. Grados de dependencia, valoración y programa individual de atención

En el texto original de 2006, cada grado se dividía en dos niveles, en función de la autonomía de la persona y de la intensidad del cuidado que requería ^F2. El artículo 26 vigente, modificado por el Real Decreto-ley 20/2012, ya no recoge niveles: solo los tres grados, cuyos intervalos fija el baremo ^F1. El texto del RD 174/2011, que no se ha modificado, sigue describiendo dos niveles por grado (por ejemplo, de 25 a 39 puntos, grado I nivel 1) ^F3. El Real Decreto-ley 11/2025, en cumplimiento de la Ley 3/2024, añadió el grado III+ de dependencia extrema, para personas con grado III diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada u otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, con un nivel mínimo de protección específico; su prestación es la vinculada a la ayuda a domicilio o la de asistencia personal ^F1.

Los grados se determinan solo mediante el baremo que acuerda el Consejo Territorial y aprueba el Gobierno por real decreto, que tiene entre sus referentes la CIF de la OMS; no es posible determinar el grado por otros procedimientos ^F1. El vigente es el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) del Real Decreto 174/2011, aplicable en cualquier situación de discapacidad y a cualquier edad a partir de los 3 años; para los menores de 3 años se aprueba la Escala de Valoración Específica (EVE) ^F3. La valoración se fundamenta en los informes sobre la salud de la persona y sobre su entorno habitual, y en la observación, la comprobación directa y la entrevista personal por un profesional cualificado y formado para ello; si hay deficiencias en las funciones mentales o de comunicación, la entrevista se completa con otra persona que conozca bien la situación ^F3. Se valora el desempeño de las tareas en el entorno habitual, con los productos de apoyo prescritos, y en las enfermedades que cursan por brotes, la situación basal ^F3.

• Actividades que valora el BVD: comer y beber; higiene personal relacionada con la micción y defecación; lavarse; realizar otros cuidados corporales; vestirse; mantenimiento de la salud; cambiar y mantener la posición del cuerpo; desplazarse dentro del hogar; desplazarse fuera del hogar; realizar tareas domésticas; tomar decisiones ^F3.
• Tipos de apoyo: supervisión (estimulación verbal o gestual mientras la persona ejecuta la tarea por sí misma), física parcial, sustitución máxima (no puede ejecutar la tarea completa de ningún modo) y apoyo especial (cuando condiciones excepcionales de salud dificultan prestar el apoyo) ^F3.
• La EVE establece tres grados (moderada, severa y gran dependencia) con puntuación final de 1 a 3; a los 36 meses todas las personas deben ser valoradas de nuevo con el BVD ^F3.

El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de quien la represente ^F1. Las comunidades autónomas determinan los órganos de valoración, que emiten un dictamen sobre el grado con los cuidados que la persona pueda requerir, y el Consejo Territorial acuerda criterios comunes para ellos, «que, en todo caso, tendrán carácter público» ^F1. La valoración, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas se efectúan directamente por las Administraciones Públicas, sin delegación, contratación ni concierto con entidades privadas ^F1. La resolución la dicta la administración autonómica de residencia y tiene validez en todo el territorio del Estado ^F1. El plazo máximo entre la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación es de seis meses ^F1.

Los servicios sociales del sistema público establecen el Programa Individual de Atención (PIA), en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas entre los servicios y prestaciones previstos para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección de la persona beneficiaria y, en su caso, de su familia ^F1. El PIA se revisa a instancia del interesado, de oficio o por cambio de comunidad autónoma, y el grado es revisable por mejoría o empeoramiento o por error de diagnóstico o de aplicación del baremo ^F1.

4. Catálogo de servicios, prestaciones económicas y teleasistencia

Las prestaciones de atención a la dependencia pueden ser servicios o prestaciones económicas ^F1. Los servicios del catálogo tienen carácter prioritario y se prestan a través de la red pública de servicios sociales de las comunidades autónomas, en centros públicos o privados concertados acreditados; si no es posible, se reconoce la prestación económica vinculada ^F1. La prioridad en el acceso la determina el grado y, a igual grado, la capacidad económica ^F1.

Para la prestación de cuidados en el entorno familiar, la ley exige que el cuidador se ajuste a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente, y que el Consejo Territorial promueva apoyos a los cuidadores no profesionales: formación, información y medidas para los periodos de descanso ^F1. Desde el 1 de abril de 2019, las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales corren a cargo de la Administración General del Estado ^F6.

• Quién puede ser cuidador no profesional (RD 1051/2013, vigente): el cónyuge o pareja de hecho y los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el cuarto grado, y personas del entorno relacional que, a propuesta de la persona dependiente, puedan prestar los apoyos ^F4.
• Convivencia: necesaria en los grados III y II; en el grado I puede exceptuarse si se asegura la atención inmediata ^F4.
• Requisitos: que la persona esté siendo atendida mediante cuidados en el entorno cuando se elabora o revisa el PIA; que la cuidadora tenga idoneidad para prestar adecuadamente los apoyos y cuidados, asuma formalmente los compromisos, haga las acciones formativas que se le propongan y facilite el acceso de los servicios sociales a la vivienda ^F4.
• La administración controla el seguimiento de los cuidados para comprobar su viabilidad, idoneidad y calidad ^F4.
• El acuerdo del Consejo Territorial de 2010 ya exigía que la cuidadora tuviera capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente el cuidado, tiempo de dedicación suficiente, que los cuidados se prestaran en el marco de la relación familiar y nunca de una relación contractual, y que la persona estuviera recibiendo previamente a la solicitud atención en esta modalidad; entonces la cuidadora debía ser familiar hasta el tercer grado (hoy, hasta el cuarto) y el seguimiento debía garantizar la calidad de los cuidados ^F5,F4.

Compatibilidades: las prestaciones económicas son incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo, salvo con prevención, promoción de la autonomía y teleasistencia; los servicios son incompatibles entre sí, salvo la teleasistencia, compatible con prevención, promoción, ayuda a domicilio y centro de día y de noche ^F1,F4. Las administraciones pueden establecer compatibilidades entre ayuda a domicilio, centro de día y de noche, cuidados en el entorno familiar y asistencia personal ^F4.

La teleasistencia, según la ley, puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio y se presta a quienes no reciban atención residencial ^F1. Su reglamento añade que se presta observando las medidas de accesibilidad adecuadas para cada caso, con el fin de favorecer la permanencia en el medio habitual, y desde 2023 como servicio complementario al resto de prestaciones del PIA en cualquier grado, salvo la atención residencial ^F4,F20. La teleasistencia básica funciona con un terminal en la vivienda conectado a una central receptora, que se activa con un pulsador ^F21; la avanzada añade apoyos tecnológicos dentro o fuera del domicilio (detectores de caídas o de patrón de actividad, geolocalización) y la interconexión con los servicios sanitarios y sociales ^F21.

El Comité de Bioética de España define la teleasistencia como servicios de atención o seguimiento social a distancia, habitualmente para personas mayores, con discapacidad o con elevado nivel de dependencia ^F15. Sobre la telemedicina (atención sanitaria a distancia) advierte de sus límites: en las personas mayores puede evidenciar un peor acceso a la tecnología y cierta dificultad, incomodidad o desagrado en su manejo; los grupos con peores resultados en salud son los que menos usan las TIC, sin olvidar a las personas con discapacidad neurosensorial, intelectual o con limitaciones de comprensión por el idioma; y recoge un estudio en el que pacientes, cuidadores y clínicos se preocupaban por las limitaciones de los exámenes físicos virtuales y el aumento de las disparidades en el acceso ^F15. La no presencialidad puede afectar a la relación clínica y a la confianza, y no existe un marco normativo nacional o europeo específico para la telemedicina ^F15.

La OMS coincide: las personas con discapacidad encuentran muchas barreras para acceder a los servicios de telemedicina; quien tiene una deficiencia visual puede no leer el texto ni usar plataformas no compatibles con sus ayudas técnicas, quien tiene una deficiencia auditiva puede no comunicarse sin subtítulos ni control de volumen, y quien tiene dificultades del habla puede no expresar sus necesidades sin sintetizadores de voz ^F22. Por eso, entre los indicadores de equidad y accesibilidad de un programa de telemedicina, la OMS propone contar cuántas personas con discapacidad o con limitaciones físicas o económicas han accedido a la atención ^F22. Las limitaciones físicas y sensoriales de las personas atendidas son, pues, una dificultad para usar la asistencia telemática ^F22.

5. La persona cuidadora: perfil, consecuencias y escala de Zarit

Según la encuesta de apoyo informal del IMSERSO (2004, publicada en 2005), el perfil de quien cuida a una persona mayor es el de una mujer de 53 años, casada, con estudios primarios y cuya actividad principal son las tareas del hogar: el 83,6 % son mujeres y la edad media es de 52,9 años ^F11. El 50 % de quienes cuidan son hijas y el 12 % esposas o compañeras ^F11. El Libro Blanco lo resume en la fórmula «género femenino, número singular»: en 1994, el 83 % eran mujeres y el 61,5 % de ellas no recibía ayuda de nadie ^F10.

El 85 % de las personas cuidadoras siente que la ayuda prestada incide negativamente en su vida cotidiana, y el 80 % tiene al menos una consecuencia en el ocio, el tiempo libre y las relaciones familiares ^F11. Según el IMSERSO, «el hecho que afecta al mayor número de cuidadores/as es la “reducción del tiempo de ocio” (62%), seguida de “no poder ir de vacaciones” (38%)» ^F11. En la encuesta de 1994 ocurría lo mismo: el 64,1 % declaraba haber tenido que reducir su tiempo de ocio y el 48,4 % no podía ir de vacaciones ^F10.

La carga del cuidado tiene dos componentes ^F12. La carga objetiva es el conjunto de demandas y actividades que atiende la cuidadora: tiempo de dedicación, tareas, limitaciones en su vida familiar y social, restricciones en su tiempo libre e impacto laboral y económico; compartir el cuidado la reduce ^F12. La carga subjetiva es el conjunto de percepciones y sentimientos negativos ante la experiencia de cuidar (tensión emocional, ansiedad, depresión); es un indicador subjetivo que depende de la percepción que la persona cuidadora tiene de su situación en cada momento ^F12. La carencia de libertad para ocupar el tiempo personal, de ocio o para relaciones sociales se relaciona con mayor carga ^F12.

Para medir la carga subjetiva hay escalas como la Escala de Sobrecarga del Cuidador (Zarit) y el Índice de Esfuerzo del Cuidador (Robinson); permiten discriminar a las cuidadoras con mayor riesgo o más necesidades y sirven como predictor de una posible institucionalización por claudicación familiar ^F12. La guía valenciana describe la Zarit así: «Mide el grado de carga subjetiva de las personas cuidadoras»; es un cuestionario autoadministrable de 22 ítems (carga social, estrés psicológico, sentimientos de culpa, presión emocional y relación de dependencia), puntuados de 1 (nunca) a 5 (casi siempre) ^F12. La Zarit reducida, de 7 ítems, validada en cuidadoras de pacientes paliativos, sirve para diagnosticar la claudicación familiar (≥ 17) ^F12.

Según una carta de la revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica que cita la NANDA 2007-2008 (fuente secundaria), el diagnóstico de cansancio del rol de cuidador se definía en esa edición (etiqueta entonces: «Cansancio en el desempeño del rol de cuidador») como: «La persona percibe o demuestra dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia» ^F14. El riesgo de claudicación se valora con varios datos: la puntuación de la Zarit reducida, la falta de apoyos familiares, los problemas de salud de la cuidadora y que el cuidado no sea por voluntad propia ^F12.

6. Atención sociosanitaria y Plan Gerontológico

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, define la atención sociosanitaria como el conjunto de cuidados destinados a personas con enfermedades que por su evolución generan dependencia o discapacidad, generalmente pacientes crónicos, que pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social ^F7. La propia Ley 39/2006 regula su catálogo de servicios sin perjuicio de este artículo ^F1.

• En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria comprende en todo caso: los cuidados sanitarios de larga duración; la atención sanitaria a la convalecencia; la rehabilitación en pacientes con déficit funcional, para mantener su máxima autonomía y reintegrarles en su medio habitual; y los cuidados intermedios a personas con gran dependencia (enfermedades crónicas complejas, enfermedades raras, procesos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA) ^F7.
• La continuidad del servicio la garantizan los servicios sanitarios y sociales mediante la coordinación entre Administraciones, que puede reforzarse con órganos de coordinación sociosanitaria en las comunidades autónomas ^F7.
• El Acuerdo de acreditación de 2022 exige que las residencias de más de 30 plazas tengan profesionales que coordinen con el sistema sanitario público, y que por encima de 75 plazas esa función la asuma personal sanitario ^F19.

El antecedente de la política de atención a las personas mayores en España es el Plan Gerontológico del INSERSO, elaborado desde 1988 y puesto en marcha en 1992 para la década de los noventa ^F10. Según el Libro Blanco de la dependencia, «este Plan se estructuró en cinco áreas de actuación (pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio y participación)», sistematizadas en líneas de actuación, objetivos, medidas y entidades responsables ^F10. Por primera vez fijó índices de cobertura de servicios sociales y planificó servicios hasta entonces inexistentes: centros de día, estancias temporales en residencias y sistemas alternativos de alojamiento; en sus áreas de salud y servicios sociales estableció las primeras bases de la coordinación sociosanitaria ^F10. El propio Libro Blanco valora su grado de ejecución como bastante escaso ^F10.

7. Hacia un nuevo modelo de cuidados: atención centrada en la persona y desinstitucionalización

El componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia («Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión», 2021) tiene como objetivo principal la modernización y refuerzo de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, «promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en la Persona» ^F16. Se propone transformar el modelo de apoyos y cuidados de larga duración «para facilitar la transición hacia un modelo desinstitucionalizado, la Atención Centrada en la Persona y el desarrollo de servicios comunitarios y de la atención domiciliaria» ^F16. Su reforma 1 impulsa una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de ese modelo, y su inversión 1 financia nuevos equipamientos residenciales de tamaño y diseño adecuados, centros de día integrados en la comunidad y la teleasistencia avanzada ^F16.

Desinstitucionalizar no es cerrar todas las residencias (para algunas personas es la única alternativa posible), sino un cambio cultural que promueve la permanencia en el hogar siempre que sea posible y una forma alternativa de atención cuando la persona se traslada a un centro ^F16. Lo que se quiere evitar son las «instituciones», entendidas como centros en los que los residentes están aislados de la comunidad, no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan, y los requisitos de la propia organización tienden a tener prioridad sobre sus necesidades individualizadas ^F16.

El Estudio EDI Personas Mayores (estudio sobre desinstitucionalización impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, 2024) recoge esa definición de institución y la presenta como basada en el concepto de instituciones totales de Erving Goffman: un recurso o relación de apoyo en la que las personas están aisladas de la comunidad y/u obligadas a convivir juntas, no tienen suficiente control sobre sus vidas y en la que los requisitos de la propia organización tienden a tener prioridad sobre las necesidades individualizadas de los residentes; lo llama «modelo cuartelario» ^F17. La cultura institucional se caracteriza por el modelo médico-rehabilitador, el aislamiento, el acceso genérico y no individualizado a los servicios, la falta de decisión de la persona sobre su propia vida, relaciones jerárquicas entre cuidadora y persona cuidada, los intereses de la organización por encima de las necesidades de las personas y el uso de restricciones no proporcionales ni necesarias ^F17.

El mismo estudio adopta el enfoque basado en derechos (EBD): un marco conceptual basado normativamente en los estándares internacionales de derechos humanos y dirigido a promoverlos y protegerlos ^F17. Aplicado a los cuidados, «su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de las políticas (sentido amplio) del cuidado y corregir las prácticas discriminatorias que impiden la vida de las personas con dignidad y derechos efectivos» ^F17. Implica que las personas mayores sean consideradas sujetos activos de derechos, antes que como sujeto y objeto de necesidades, y el abandono del enfoque asistencial ^F17.

La Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030) es un compromiso central del componente 22 ^F18. Define la desinstitucionalización como un proceso de cambio social, político y cultural que prevé el tránsito del cuidado en entornos de aislamiento y segregación hacia modalidades de apoyo acordes con el enfoque de derechos humanos, centradas en la persona, que respeten sus elecciones, voluntad y preferencias y promuevan la inclusión en la comunidad; comprende también la prevención de la institucionalización ^F18. Se dirige sobre todo a personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, jóvenes que han pasado por él y personas sin hogar ^F18.

El Acuerdo del Consejo Territorial sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD (2022) define la atención centrada en la persona como aquella en la que la voluntad y preferencias de cada persona orientan la relación de apoyo y se priorizan frente a las necesidades organizacionales; las personas pueden elegir y controlar cómo se planifican y prestan sus cuidados ^F19. Las unidades de convivencia son espacios reducidos dentro de la residencia que reproducen la estructura, el ambiente y el funcionamiento de un hogar, con personal de atención directa estable ^F19.

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